Este artículo apareció por primera vez en OpenGlobalRights en inglés y español el 18 de diciembre de 2020.
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En la conversación sobre justicia climática no hay suficiente representación ni voces de los grupos marginados, como personas que viven con discapacidad; lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+); y migrantes y refugiados. Es imprescindible adoptar un enfoque interseccional con respecto a las repercusiones de las crisis ambiental y climática para poner de relieve la forma en que los diferentes grupos marginados definen sus realidades, se relacionan con ellas y responden a ellas. La falta de representación e información de esos grupos constituye un problema para la formulación de políticas públicas intencionales, inclusivas e intersectoriales. Por tanto, las actividades de preparación para casos de desastre y reducción de daños, en particular para las comunidades marginadas, son esferas fundamentales en las que se debe invertir.
Cuando el cambio climático se entrecruza con las experiencias de las personas LGBTIQ+, es vital que se subsanen las deficiencias de información y de datos mediante un análisis cuidadoso de los efectos desproporcionados que sufre esta población. A partir de nuestra labor, sabemos que las personas LGBTIQ+ no suelen estar informadas sobre la gestión de desastres importantes y la aplicación de medidas de adaptación correspondientes, debido a su falta de participación en estos procesos. Esto hace que corran un riesgo mayor y estén más vulnerables. La falta de participación, a su vez, obedece a su exclusión por motivos de orientación sexual e identidad de género. Además, es frecuente que las personas LGBTIQ+, en particular jóvenes y personas trans, sean desplazadas de sus hogares y familias originales. Las personas sin hogar suelen tener dificultades para acceder a los refugios y recursos de bienestar y tienden a encontrar obstáculos y sufrir discriminación cuando tratan de acceder a las instalaciones de emergencia durante los desastres climáticos. A menudo, las personas LGBTIQ+ son excluidas y relegadas cuando tratan de acceder a la información sobre eventos climáticos y seguridad y a los servicios gubernamentales de socorro en casos de desastres.
En la región del Pacífico, se siguen registrando aumentos de las temperaturas promedio, de los niveles del mar y de la intensidad de los desastres naturales. La comunidad LGBTIQ+ de Fiyi ha visto y experimentado las repercusiones tanto de la exclusión social como del cambio climático, que han desplazado y trastocado las vidas de muchas personas. En Fiyi, Rainbow Pride Foundation (RPF) aboga por los derechos de las personas LGBTIQ+, para asegurar que puedan vivir con dignidad. RPF tiene centros en varias zonas e islas de Fiyi. Estos centros representan a personas LGBTIQ+ de diferentes identidades y contextos, entre ellas, personas con discapacidad, personas de ascendencia india e indígena, personas que se dedican al trabajo sexual y personas mayores.
A principios de abril de 2020, el ciclón tropical Harold tocó tierra y causó daños en varias islas, al tiempo que comenzaba la pandemia de COVID-19. Algunas comunidades LGBTIQ+ asociadas con RPF se vieron considerablemente afectadas por el ciclón Harold: los vientos furiosos y lluvias abundantes dañaron los hogares y las cosechas de varios miembros de los centros, quienes perdieron sus fuentes de ingresos y alimentos. Otros sufrieron fuertes inundaciones y cortes de energía. A los miembros LGBTIQ+ con discapacidad les resultó difícil encontrar noticias y recursos informativos en lenguaje de señas sobre el ciclón tropical Harold o la COVID. Para quienes tienen discapacidades físicas, fue complicado conseguir transporte o acceso a los refugios o centros de evacuación. Por otra parte, también había inquietudes sobre la seguridad dentro de los centros, y muchos miembros LGBTIQ+ con discapacidad no estaban seguros de cómo obtener asistencia del Estado. Además de todas estas dificultades, también temían sufrir discriminación. Dado que la mayoría de los miembros LGBTIQ+ trabajaban en el sector turístico, aumentó el desempleo dentro de la comunidad. Para ayudarles, se permitió que accedieran a sus fondos para el retiro.
Las personas que se dedican al trabajo sexual son un grupo particularmente vulnerable. Un refugio para trabajadores sexuales LGBTIQ+ sufrió graves inundaciones, lo que causó daños a sus posesiones, libros y otros recursos; otro se quedó sin techo. El trabajo sexual está penalizado en Fiyi. Así que los trabajadores sexuales no solicitaron asistencia, ya que no reunían los requisitos legales para hacerlo y temían por su seguridad. Debido a la falta de asistencia por parte del gobierno, los miembros tuvieron que dar mayor prioridad a su seguridad que al pago de servicios públicos o necesidades básicas, y reasignar sus ingresos para ayudar con las reparaciones. El riesgo de COVID-19 y las restricciones de toque de queda provocaron que los trabajadores sexuales trabajaran menos horas y tuvieran menos trabajos o clientes. Esto también repercutió en su seguridad y protección al aceptar trabajos.
Las comunidades sintieron que las restricciones de toque de queda perjudicaban sus tradiciones culturales y espirituales, ya que no podían participar plenamente en las reuniones sociales y culturales (sesiones de oración, funerales, bodas). Su salud mental también se vio muy afectada, sobre todo debido a la ausencia de los servicios familiares que apoyan a las minorías sexuales y de género en las comunidades fiyianas. Para estas personas, la falta de aceptación por parte de las familias suele ser una fuente importante de violencia, trauma y desventajas sociales y económicas posteriores. Algunas de ellas también se vieron obligadas a abandonar sus hogares, ya que corrieron rumores de que las personas LGBTIQ+ eran la causa de la pandemia.
De manera colectiva, RPF aumentó su capacidad y resiliencia para vencer las diversas crisis y amenazas. Algunos miembros de los centros utilizaron sus ahorros para mantener a otros miembros de la comunidad y crear pequeñas empresas y proyectos comerciales que generaran ingresos pasivos. Algunos miembros de la comunidad recurrieron a la agricultura y la pesca, mientras que otros usaron sus habilidades para elaborar mermeladas caseras, frutas deshidratadas, jugos y joyería para vender desde sus hogares y en puestos pequeños en los mercados locales. Uno de los miembros utilizó el terreno de su familia para cultivar y cosechar verduras que vende en un mercado local y comparte con otros miembros de su comunidad. Algunos también prepararon comidas para venderlas a sus vecinos. Los miembros de las comunidades trans y de trabajo sexual abrieron las puertas de su hogar a otros miembros para asegurarse de que tuvieran alimentos diarios y un refugio durante la incertidumbre del periodo de confinamiento.
Varios centros de RPF también crearon sistemas de apoyo de salud mental para sus miembros, que consistieron en hacer visitas virtuales diarias y compartir alimentos y otros recursos. En agosto, después de una evaluación minuciosa de los diversos centros comunitarios, RPF distribuyó paquetes de ayuda alimentaria a miembros de la comunidad necesitados por todo Fiyi, con apoyo de múltiples donantes locales e internacionales.
La resiliencia de las personas LGBTIQ+ es admirable e inspiradora; sin embargo, estas comunidades no deberían tener que enfrentarse solas a los tiempos tumultuosos. Los gobiernos deben garantizar que todas las comunidades estén a salvo en tiempos de crisis, y deben aplicar leyes y políticas para afrontar los desastres de manera inclusiva. La respuesta inmediata ante las crisis debe incorporar una perspectiva interseccional para garantizar que se cubran las necesidades de los grupos marginados, como RPF. Asimismo, es vital que la comunidad LGBTIQ+ sensibilice a los titulares de mandatos y a los encargados de formular políticas. Para lograr soluciones sostenibles que incorporen las necesidades de las comunidades LGBTIQ+, sus aportaciones y su participación plena y constante en los procesos de preparación y gestión de desastres y otras intervenciones en situaciones de crisis son fundamentales, así como lo son las políticas públicas que contribuyan a aumentar su fuerza y resistencia.
Marisa Hutchinson es una feminista caribeña de Barbados. En la actualidad reside en Kuala Lumpur, Malasia, y es oficial de programas de justicia ambiental de la organización International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific), donde se dedica a poner de relieve la intersección entre el cambio climático y los derechos humanos.