La voluntad política

La política interior de un Estado Parte puede tener una fuerte influencia en la implementación nacional de la Convención y de las recomendaciones del Comité de la CEDAW. Las y los políticos, en el gobierno o en la oposición, tienen influencia sobre la conciencia pública al optar por defender la causa de los derechos de las mujeres, o escoger otras áreas del Estado para colocarlas en el centro del debate político. Cuando los derechos humanos de las mujeres son prioridad dentro de un Estado Parte, una recomendación del Comité de la CEDAW puede lograr atención máxima, y por ende impacto, del gobierno y la sociedad civil. Al contrario, si deliberadamente o no, los gobiernos o personas en la política no identifican los derechos humanos de las mujeres como área de atención, la probabilidad es que, o el tema será de menor interés para la sociedad civil, o será descalificado o ignorado por quienes están en el poder.

La importancia que los gobiernos le dan a su reputación internacional es probable que influencie aun más el impacto de las recomendaciones hechas por el Comité bajo el Protocolo a la CEDAW. Mientras que hay algunos Estados Parte conscientes de la necesidad de ser considerados por la comunidad internacional como defensores de las disposiciones de las convenciones internacionales y/o que dan prioridad a la promoción de los derechos humanos nacionalmente, otros estarán menos preocupados. Los Estados que otorgan importancia a su reputación internacional están dispuestos a hacer ver que toman sus obligaciones seriamente, y por lo tanto, preparados para actuar ante las recomendaciones del Comité de la CEDAW. Otros podrían preocuparse menos de la publicidad negativa generada por su menosprecio de las obligaciones y recomendaciones internacionales.

La situación económica de un Estado Parte puede también ser un factor que hay que tener en cuenta. Los recursos o reparaciones que no exigen indemnizaciones económicas o los que no requieren la asignación de fondos del Estado, particularmente en los países más pobres del mundo, pueden ser más aceptables para los gobiernos preocupados sobre el impacto que la recomendación podría tener sobre las finanzas públicas. Esto puede tener importancia particular cuando el reconocimiento del recurso, y por ende, de la violación a uno o más derechos, tiene la potencialidad de abrir portillos a otras demandas de naturaleza similar.

Es importante señalar que los cambios de gobierno o en las políticas públicas, no afectan las obligaciones del Estado Parte bajo la Convención. Un nuevo gobierno no tiene derecho a decidir que la Convención, ratificada por un gobierno anterior, no aplica más. Las obligaciones del Estado transcienden cambios en el gobierno y permanecen vigentes.

 

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