El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Primer Protocolo

Comunicación del Comité de los Derechos Humanos

En 1973 el autor acudió voluntariamente al hospital privado de Chelmsford a una cita psiquiátrica con el Dr. Herron, destacado especialista en el tratamiento de sueño profundo en Chelmsford. El autor afirma que el personal de Chelmsford lo llevó a un estado inconsciente involuntariamente. Durante los próximos diez días, el autor afirma que fue sometido, sin su consentimiento, a un tratamiento con grandes cantidades de fármacos potencialmente tóxicos (incluyendo barbitúricos), administrados por vía nasal. También se le sometió a una terapia electroconvulsiva sin relajantes. Como consecuencia de estos tratamientos el autor sufrió una neumonía doble, pleuresía, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y una lesión cerebral anóxica. El 20 de marzo del 1973 el autor fue trasladado, con neumonía bilateral y una embolia pulmonar, al Hornsby Public Hospital, de dónde se le dio de alta el 3 de abril de 1973. Después de que se le diera de alta, el autor sufrió de convulsiones, sensibilidad al ruido, sobresaltos, pesadillas, náuseas y un estado de excitación psicológica permanente. Se le diagnosticó un estado de estrés postraumático crónico grave. Se afirma que como consecuencia de estos efectos el autor no puede trabajar, y que ahora depende de una pensión de invalidez. El autor alega que en los últimos años estos síntomas se han ido exacerbando, al punto de que ahora ya son intratables […]

El autor sostiene que el Estado no ha cumplido con fiscalizar debidamente el nivel y el ejercicio de la profesión médica en Chelmsford ni con investigar una serie de quejas del personal de enfermería y de los inspectores públicos. El autor denuncia también que los jueces y abogados estaban predispuestos contra él y lo estigmatizaron por su tratamiento psiquiátrico, en particular durante el juicio civil de 1980 contra el Dr. Herron. Además, el autor alega que, según parece, el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur ha ignorado pruebas pertinentes, que ha fabricado evidencia y que ha formulado juicios infundados y erróneos tanto al suspender el procedimiento disciplinario en 1986 como la apelación sustantiva de 1996. El autor afirma que el Estado Parte no ha proveído ni ha puesto en práctica los mecanismos apropiados para regularizar e investigar las profesiones de los jueces y de los abogados. Los tribunales tampoco le han otorgado una indemnización justa y adecuada en su calidad de víctima del abuso y la tortura psicológicos aquí señalados. El autor afirma que éstos constituyen violaciones de los artículos 2, 14, 17, 18, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos […]

Como el Protocolo entró en vigor para Australia el 25 de diciembre del 1991, el Comité no puede ratione temporis tomar en cuenta denuncias relacionadas a acontecimientos ocurridos antes de esa fecha, salvo que tuvieran efectos permanentes que en sí constituyan una violación del Pacto.